Manuel Ranoque, conocido por ser el padre de los hermanos Mucutuy, fue condenado por abuso sexual contra su hijastra en Caquetá. La víctima es la hermana mayor de los niños que sobrevivieron 40 días en la selva tras un accidente aéreo. La justicia comprobó que Ranoque aprovechaba momentos de soledad de la menor para cometer los abusos, hechos que ahora empañan la imagen pública que había construido tras la llamada “Operación Esperanza”.
La Fiscalía General de la Nación probó que el acusado aprovechaba momentos en que la niña quedaba sola en casa para cometer los actos. El caso se desarrolló en Caquetá, una región golpeada históricamente por el conflicto y ahora sacudida por este hecho de violencia intrafamiliar que deja en evidencia un patrón de vulnerabilidad en contextos rurales.
La investigación judicial y las pruebas que llevaron a la condena
Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, los abusos ocurrieron de forma repetitiva, bajo un esquema de poder y silencio que es frecuente en estos delitos. La víctima, cuya identidad se protege por tratarse de una menor de edad, hizo su declaración en cámara Gesell, un mecanismo que permite a los menores testificar en un entorno seguro y confidencial.
Los peritajes psicológicos fueron clave para sustentar la acusación, al igual que el testimonio de vecinos y familiares cercanos. La investigación logró establecer una línea de tiempo coherente y consistente con el testimonio de la víctima, lo que fortaleció el caso ante el juez. Ranoque fue condenado en primera instancia y se encuentra a la espera de la lectura de sentencia, que podría representar varios años de prisión efectiva.
Este caso refleja las recomendaciones de organismos internacionales que instan a los sistemas judiciales a tomar medidas más contundentes frente a la violencia sexual infantil, especialmente en zonas rurales donde el acceso a la justicia suele ser más limitado.
El impacto social y la contradicción de una figura mediática
El nombre de Manuel Ranoque se había convertido en símbolo de resiliencia tras la “Operación Esperanza”, que permitió encontrar con vida a sus hijos perdidos en la selva. La cobertura mediática de aquel episodio lo mostró como un padre abnegado, dispuesto a todo por encontrar a sus hijos. Sin embargo, esta nueva condena lo retrata en una dimensión opuesta: la de un abusador condenado por uno de los crímenes más repudiados en la sociedad.
Este contraste ha generado un debate profundo en la opinión pública colombiana. Muchos se preguntan cómo pueden convivir en una misma persona el héroe familiar y el agresor sexual. La situación también revela la necesidad de separar la narrativa mediática de los hechos judiciales, y de fortalecer los mecanismos de verificación antes de exaltar figuras públicas sin conocer completamente su pasado.
La situación también pone en entredicho los filtros institucionales: ¿cómo fue posible que una persona bajo sospechas tan graves tuviera tanta visibilidad y cercanía con autoridades, incluso durante el proceso de búsqueda de sus hijos?
¿Qué sigue para el caso y qué dice esto sobre la justicia en Colombia?
Tras la condena de Manuel Ranoque, la atención ahora se centra en el proceso de sentencia y en la posible apelación de la defensa. Según expertos jurídicos, este tipo de casos rara vez se revocan en segunda instancia si hay pruebas sólidas como las que se presentaron en el juicio.
Además, el caso reabre la discusión sobre la respuesta institucional ante el abuso sexual infantil. Aunque Colombia ha avanzado en mecanismos de denuncia y atención a las víctimas, aún existen vacíos significativos en prevención, protección y reparación. Casos como este muestran cómo el círculo de violencia muchas veces se mantiene oculto hasta que una víctima logra romper el silencio.
El caso también se inscribe dentro de los denominados temas YMYL (Your Money or Your Life, según Google), por tratarse de un asunto que afecta directamente el bienestar, la seguridad y la confianza social. En este contexto, es crucial que los medios prioricen la veracidad, profundidad y responsabilidad al cubrir temas tan sensibles.
¿Qué otras medidas podrían tomar las autoridades para evitar que figuras públicas vinculadas a delitos graves ganen protagonismo en medios sin un escrutinio previo adecuado? Esta pregunta queda abierta mientras la sociedad colombiana enfrenta el desafío de proteger a sus menores y garantizar justicia sin excepciones.
