El presidente Gustavo Petro formalizó una denuncia penal contra el excanciller Álvaro Leyva, acusándolo de traición a la patria por un supuesto plan golpista que habría buscado desestabilizar su gobierno. Según el escrito presentado por su defensa, Leyva habría intentado interferir en el ejercicio legítimo del poder ejecutivo tras no recibir ciertos favores burocráticos relacionados con el nombramiento de su hijo, Jorge Leyva.

La denuncia plantea que el excanciller habría participado en una maniobra para minar la legitimidad del presidente, incluyendo conversaciones con actores internacionales para promover un cambio de gobierno fuera del marco constitucional. Este giro en el conflicto entre ambos protagonistas políticos marca un nuevo capítulo de alta tensión institucional.

Los motivos detrás del enfrentamiento

La raíz del conflicto estaría en la negativa del presidente Petro a designar a Jorge Leyva como embajador en el Reino Unido. Este desacuerdo habría detonado una escalada en la relación entre el jefe de Estado y el excanciller, quien ocupó la cartera de Relaciones Exteriores hasta enero de este año. La defensa del mandatario señala que, tras este hecho, Álvaro Leyva habría iniciado gestiones para promover su salida del poder, lo que para la Presidencia constituye un intento directo de alterar el orden democrático.

La denuncia indica además que el exministro habría actuado con otros actores, aún no identificados plenamente, para ejecutar un plan que podría haber configurado delitos como abuso de poder, conspiración y atentado contra la institucionalidad.

¿Qué viene para Álvaro Leyva?

Aunque la denuncia ya fue radicada, el proceso aún está en su fase preliminar. Corresponde ahora a la Fiscalía General de la Nación determinar si hay mérito para abrir una investigación formal y convocar a Leyva para que rinda declaración. La gravedad de los cargos señalados, especialmente el de traición a la patria, podría acarrear consecuencias judiciales de gran peso, dada la condición de exfuncionario público del denunciado.

En paralelo, sectores afines a Leyva han calificado la denuncia como un acto de persecución política y han pedido que el caso sea tratado con garantías procesales. No obstante, la situación abre un nuevo flanco de incertidumbre institucional en momentos en que el país atraviesa múltiples retos en materia de gobernabilidad, seguridad y relaciones exteriores.

Repercusiones políticas y tensión en el gobierno

El choque entre Petro y Leyva se da en un contexto de creciente polarización política. Desde la salida del excanciller del gabinete, su relación con el Ejecutivo se tornó cada vez más distante. Ahora, con la acusación directa del presidente, el país presencia un inédito episodio de confrontación entre antiguos aliados del proceso de paz.

Para analistas políticos, esta denuncia podría tener efectos colaterales en la estabilidad del gobierno, al tiempo que refuerza la narrativa del mandatario sobre intentos externos e internos de desestabilización. También podría influir en el clima político de cara a las elecciones regionales y en la relación del gobierno con otros poderes del Estado.

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