El expresidente Donald Trump firmó una nueva proclamación que establece restricciones migratorias a ciudadanos de 19 países, argumentando motivos de seguridad nacional. La medida, que entrará en vigor el próximo 9 de junio, prohíbe o limita la entrada a EE.UU. desde 12 países de forma total y desde otros siete parcialmente. Entre los países completamente afectados se encuentran Afganistán, Irán y Somalia, mientras que entre los de restricciones parciales figuran Cuba y Venezuela.
La vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, explicó que estas “restricciones de sentido común” han sido diseñadas con base en evaluaciones específicas por país. “El presidente Trump está cumpliendo su promesa de proteger a los estadounidenses de actores extranjeros peligrosos”, afirmó Jackson. Según el documento, el objetivo es presionar a aquellos gobiernos que no cooperan en los procesos de verificación de antecedentes, impidiendo una migración segura.
Cuba y Venezuela bajo observación estricta: turismo y estudios en la mira
La proclamación dedica apartados especiales a países como Cuba y Venezuela, señalándolos como problemáticos en materia de cooperación y control migratorio. En el caso cubano, el gobierno estadounidense lo clasifica como un “Estado patrocinador del terrorismo”, argumentando que La Habana no colabora adecuadamente con procesos de repatriación ni verificación. Por tanto, se suspende el ingreso de cubanos portadores de visas de turismo (B-2), negocios (B-1), estudiante (F y M) y programas de intercambio (J).
Respecto a Venezuela, el documento señala la inexistencia de una autoridad central confiable que emita pasaportes válidos o facilite procesos de seguridad. Las restricciones migratorias a venezolanos abarcan los mismos tipos de visa que en el caso cubano, aunque excluyen a personas con residencia legal, visas vigentes y ciertos perfiles humanitarios o de interés nacional, como deportistas, perseguidos religiosos y personas con doble nacionalidad.
Reacciones globales: entre la condena política y el rechazo diplomático
La decisión de Trump desató una ola de reacciones tanto en el ámbito internacional como dentro de EE.UU. Desde Venezuela, el ministro Diosdado Cabello criticó la medida, calificándola de persecutoria: “Estar en EE.UU. es un gran riesgo para cualquier persona. Los que gobiernan allí persiguen a nuestro pueblo sin ninguna razón”, señaló.
En Estados Unidos, la congresista demócrata Pramila Jayapal comparó la medida con el veto migratorio de 2017, dirigido principalmente a países musulmanes. “Esta prohibición no hará más que aislarnos en la arena internacional”, advirtió. En la misma línea, el congresista Don Beyer acusó a Trump de “usar el prejuicio y el odio para dividir al país y debilitar nuestro liderazgo global”. Ambos legisladores coincidieron en que la política migratoria debería regirse por principios democráticos y no por el temor o la discriminación.
El video publicado por Trump en Truth Social sirvió para reafirmar su postura: “Estados Unidos no puede aceptar migrantes de países donde no se puede investigar ni evaluar de forma segura”, declaró. El expresidente también sugirió que los atentados ocurridos en territorio estadounidense han estado vinculados a personas que excedieron el tiempo de permanencia permitido por sus visas.
¿Una medida temporal o el inicio de una política de exclusión?
En su mensaje final, Trump dejó abierta la posibilidad de revisar la lista de países afectados, dependiendo de si los gobiernos mejoran sus estándares de seguridad y cooperación. “La intensidad de las restricciones dependerá de la gravedad de la amenaza”, señaló. Sin embargo, para sus críticos, esta flexibilidad es más retórica que real y refuerza una política migratoria basada en el temor, con un sesgo ideológico que recuerda las posturas más duras de su administración anterior.
Aunque el documento excluye casos humanitarios y de seguridad individual, expertos señalan que la implementación práctica de estas excepciones ha sido históricamente lenta y burocrática. Para muchos, esta proclamación revive los debates sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos humanos, así como sobre el impacto que estas decisiones pueden tener en la imagen internacional de Estados Unidos y su rol en la defensa de libertades.
A pocos meses de un nuevo ciclo electoral, la medida es vista como parte de una estrategia de Trump para reafirmar su posición en temas de inmigración, uno de los pilares de su narrativa política. Resta por ver si esta nueva acción tendrá efectos jurídicos inmediatos o si enfrentará impugnaciones legales, como ocurrió con políticas similares en el pasado.
