El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha elevado una alerta temprana internacional por una supuesta vulneración a la separación de poderes en Colombia, en respuesta al anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto. La denuncia, firmada por la oficina de Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, fue dirigida a instancias como la ONU, la OEA y la Cidh, advirtiendo un posible «riesgo crítico para la democracia».
El documento remitido a los organismos internacionales señala una grave alteración del orden constitucional, a raíz del anuncio presidencial que pretende impulsar una consulta que ya fue rechazada formalmente por el Congreso el pasado 14 de mayo. La Constitución colombiana establece que este tipo de iniciativas deben contar con la aprobación del Senado y la revisión previa de la Corte Constitucional.
Señales de alerta sobre el uso del poder presidencial
Según los denunciantes, el proceder del mandatario podría interpretarse como una usurpación de funciones legislativas, lo que vulneraría la arquitectura del Estado de derecho. El comunicado advierte que la decisión de Petro no constituye un episodio aislado, sino parte de una serie de acciones que reflejarían un patrón de debilitamiento institucional.
“La conducta anunciada por el Presidente de la República no es un acto aislado de política pública: es un intento deliberado de reconfigurar el orden constitucional mediante mecanismos extrainstitucionales”, se lee en el documento. Además, se denuncia que el uso reiterado de discursos que enfrentan al Congreso con la supuesta “voluntad del pueblo” busca debilitar los contrapesos democráticos y consolidar el poder presidencial.
La denuncia recuerda, por ejemplo, la publicación realizada por Petro el 4 de diciembre de 2024 en la red social X (anteriormente Twitter), donde acusó a Cepeda de intentar un “golpe de Estado” y lo vinculó con intereses económicos, tildando su labor parlamentaria de ilegítima.
Respaldos políticos y resistencia institucional a la consulta por decreto
La denuncia de Cepeda ha recibido el respaldo explícito de ocho partidos políticos con representación parlamentaria. En una declaración conjunta, estas colectividades expresaron su preocupación ante lo que consideran un intento de concentrar el poder bajo una fachada de participación ciudadana.
Los partidos subrayaron que cualquier consulta popular en Colombia debe seguir un proceso reglado: su presentación por el Consejo de Ministros, aprobación del Congreso y posterior revisión de constitucionalidad. Saltarse este procedimiento no solo contravendría la legalidad, sino que abriría la puerta a formas de autoritarismo institucional.
En declaraciones recientes a medios de comunicación, el presidente del Congreso reafirmó la imposibilidad jurídica de adelantar una consulta sin la autorización del Senado: “Está soñando si cree que puede sacar una consulta por decreto que no cumplió el requisito legal constitucional”, señaló Cepeda.
¿Qué implicaciones tiene esta controversia para la democracia en Colombia?
La controversia generada en torno a esta iniciativa presidencial pone en evidencia las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en un momento de alta sensibilidad política. Desde el Congreso, se insiste en que respetar los procedimientos constitucionales no es una opción, sino una garantía fundamental para la democracia colombiana.
El senador Cepeda remarcó además que hay otras dos consultas agendadas en la plenaria del Senado, las cuales sí cumplirán con los trámites establecidos. Según él, esto permitirá a los ciudadanos observar la vigencia y autonomía de los poderes públicos, en contraste con la propuesta presidencial que fue rechazada y, por ende, no podrá ser implementada mediante decreto.
En la denuncia, se solicitó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que emita un pronunciamiento preventivo y exhorte al respeto de la legalidad institucional. También se pidió a las autoridades nacionales actuar con independencia y firmeza para prevenir una crisis constitucional.
Con esta advertencia internacional, se busca no solo frenar una medida específica, sino también enviar un mensaje claro frente a cualquier intento de manipulación institucional bajo el pretexto de la participación ciudadana. La respuesta de la comunidad internacional y de las altas cortes del país será crucial para determinar los límites de la acción presidencial en el marco de la Constitución colombiana.
