La confirmación de Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia del Gobierno del presidente Gustavo Petro marca un cambio significativo en la estructura del gabinete. La noticia fue revelada por el propio exfiscal general en entrevista con W Radio, donde expresó su disposición para asumir el cargo que dejará Ángela María Buitrago, quien ocupó la cartera desde septiembre de 2023.
Con este movimiento, el Gobierno refuerza su intención de imprimir una mirada más técnica y crítica al manejo de la política criminal en el país. Montealegre no solo cuenta con una sólida formación jurídica, sino que ha sido una de las voces más relevantes en temas de reforma judicial, justicia transicional y derechos humanos. Su llegada podría marcar el inicio de una etapa con mayor protagonismo técnico en el Ministerio de Justicia.
Trayectoria académica y judicial de Eduardo Montealegre
Montealegre es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, institución en la que también se especializó en derecho penal. Complementó su formación en la Universidad de Bonn, en Alemania, lo que le otorgó una perspectiva comparada del sistema penal.
En su carrera profesional, Montealegre ha transitado por múltiples instancias del poder judicial. Inició como sustentador de despacho, juez penal municipal e instructor de procesos en Bogotá y Cundinamarca. Posteriormente, asumió roles de mayor responsabilidad, como conjuez de los tribunales superiores en ambas jurisdicciones.
Su experiencia lo llevó a ocupar la Viceprocuraduría General de la Nación entre 1997 y 2001. Más tarde, fue magistrado de la Corte Constitucional, donde se destacó por sus posturas garantistas y su defensa de los derechos fundamentales. En 2012, fue parte de una comisión de expertos que propuso una reforma estructural a la justicia penal militar, tema sensible y de alto impacto en el contexto del posconflicto colombiano.
Una figura central en el sistema acusatorio: Fiscal General entre 2012 y 2016
Uno de los hitos más destacados en la carrera de Montealegre fue su gestión como Fiscal General de la Nación entre marzo de 2012 y marzo de 2016. Durante este periodo, impulsó con fuerza la implementación del sistema penal acusatorio, defendiendo una visión moderna del Ministerio Público como garante de derechos.
Su paso por la Fiscalía no estuvo exento de controversia, especialmente por su respaldo al proceso de paz con las FARC y su visión de una justicia transicional más robusta. No obstante, fue reconocido por fortalecer la unidad de análisis y contexto, clave en investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y criminalidad organizada.
Asimismo, propuso lineamientos para una política criminal más coherente con los principios constitucionales, rechazando el populismo punitivo y abogando por un uso racional de la cárcel. Estas posturas lo posicionaron como un defensor del garantismo judicial y un crítico del uso excesivo del derecho penal como herramienta de control social.
¿Qué puede esperarse del nuevo ministro de Justicia?
Con la llegada de Eduardo Montealegre al Ministerio de Justicia, surgen expectativas sobre el rumbo que tomará el Gobierno de Petro en temas como la reforma carcelaria, la justicia restaurativa y el tratamiento de las estructuras ilegales. Su historial indica que priorizará una visión centrada en los derechos humanos, la eficacia institucional y la depuración del sistema penal.
Aún está por definirse cuál será su papel frente a las reformas judiciales que el Ejecutivo busca impulsar, especialmente aquellas relacionadas con la independencia de los jueces, la jurisdicción especial indígena y el sistema penitenciario. Montealegre podría aportar una perspectiva integral que combine el respeto al marco constitucional con una propuesta de transformación realista y técnica.
Esta designación también representa una apuesta política: el presidente Petro delega una cartera clave en un jurista con peso propio, alejado de la militancia partidista y con un historial técnico reconocido incluso por sectores críticos del Gobierno. ¿Será esta la pieza que necesitaba el Ejecutivo para revitalizar su proyecto judicial?
