¡Ah, la política! Ese noble arte de servir al pueblo que, con cierta frecuencia, se convierte en un escenario de contradicciones que rozan con lo cómico, un adagio popular muy conocido por todos es que “ a vaca ladrona no se le olvida el portillo”, porque parece ser que en su gran mayoría, aquellos que se apoltronan en el sillón del poder, desarrollan una especie de amnesia selectiva, ya que lo que antes era una afrenta imperdonable, un pecado capital contra la ética pública, casualmente y de repente, desde mi vera, ya se transforma en una «estrategia comunicacional» o, en el mejor de los casos, un «malentendido», y claro, mis antecesores son los culpables, los responsables, los malos, más los de ahora, son los pobrecitos, son solo víctimas de las circunstancias.
Resulta particularmente fascinante observar cómo las mismas prácticas que generaron indignación y críticas feroces en el pasado, ahora son replicadas, incluso superadas, con una descarada naturalidad, aquellos que levantaban la voz para denunciar el uso de recursos públicos para la promoción política, hoy parecen haber olvidado que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 219, es bastante clara, que en palabras coloquiales, lo que realmente quiere decir es que un cargo público, no es una plataforma de campaña, y el dinero de nuestros impuestos, no es para adornar sus aspiraciones.
Pero la cosa no termina ahí, la Ley 996 de 2005, en su artículo 38, también se encarga de subrayar la prohibición de usar bienes y servicios del Estado para favorecer campañas electorales, como si esto fuera poco, la Ley 734 de 2002, en su artículo 48, numerales 39 y 40, considera como faltas gravísimas el uso del cargo para participar en actividades político-partidistas, esto no es un simple capricho legal; es el blindaje que tiene la sociedad, con el ánimo de intentar garantizar, que la contienda política se dé en igualdad de condiciones, pero sin que el erario público, se convierta en la billetera de turno para la autopromoción.
Cuando vemos nombres y figuras con resonancia institucional, ya sean oficiales o «primeras damas», aparecer en vallas publicitarias o incluso en facturas de servicios públicos, no podemos evitar un suspiro de resignación mezclado con una sana dosis de sarcasmo, porque si hay algo que el poder parece no tolerar, es la coherencia; criticar con vehemencia a la administración anterior por exactamente los mismos hechos, para luego caer en la misma práctica, no es solo hipocresía; es un insulto a la inteligencia del ciudadano y una burla al espíritu de la ley.
Así no se hace la política, La verdadera política debe construirse con ideas, con debates abiertos, con rendición de cuentas y con la convicción de que el dinero público es sagrado, este no puede ser una herramienta para inflar egos y para asegurar un nuevo cargo electoral, a costa de los recursos de todos, es un delito, sí, pero también es una profunda falta ética, que al igual que la malversación de recursos y la corrupción, erosiona la confianza en nuestras instituciones, les recordamos que la memoria del ciudadano, no es tan selectiva, como la de algunos funcionarios, y que las leyes no son meros adornos en un manual jurídico, son el cimiento de una democracia sana y equitativa.
