La Procuraduría General de la Nación ha lanzado un fuerte cuestionamiento al actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro. El motivo: un polémico contrato con RTVC por más de $89.000 millones firmado durante su gestión, cuya justificación legal y contractual ahora está siendo investigada.
Este contrato tenía como objetivo la financiación de eventos gubernamentales a través del sistema de medios públicos. La entidad de control, dirigida por Gregorio Eljach, ha dado un plazo de tres días a Benedetti para que presente una explicación formal que sustente las razones jurídicas de esta millonaria adjudicación.
Lo que inicialmente parecía ser un trámite administrativo más, ha adquirido un tono más serio tras las denuncias del abogado y político Daniel Briceño, quien ha alertado sobre posibles irregularidades en la asignación de estos recursos públicos. El caso ha escalado rápidamente y se perfila como una nueva controversia que sacude la gestión de altos funcionarios del actual gobierno.
¿Qué dice el contrato con RTVC?
El documento en cuestión establece una alianza estratégica entre el ministerio del Interior y el sistema de medios públicos RTVC para organizar y transmitir eventos de carácter institucional. Sin embargo, el monto acordado —$89.000 millones— ha generado suspicacias entre expertos y opositores políticos, quienes cuestionan tanto su proporcionalidad como la legalidad de su firma.
Según fuentes cercanas al proceso, el contrato se habría formalizado sin los debidos estudios previos ni un análisis de impacto, lo cual podría vulnerar las normas de contratación estatal en Colombia. Para la Procuraduría General, estos vacíos en la documentación podrían representar faltas disciplinarias graves por parte de Benedetti y otros funcionarios implicados.
Por su parte, Daniel Briceño, una de las voces más activas en el seguimiento del caso, ha señalado que este contrato hace parte de una posible estrategia de concentración mediática financiada con fondos públicos. En palabras del abogado, este tipo de contratos deben ser revisados con lupa, ya que podrían utilizarse para fines distintos a los contemplados por la ley.
¿Quién debe responder por estos recursos?
Además de Benedetti, la Procuraduría también ha puesto en la mira a otros miembros del equipo ministerial que participaron en la elaboración y aprobación del contrato. La entidad busca esclarecer si existió una cadena de decisiones administrativas que condujo a una posible desviación de recursos o abuso de poder.
El llamado de atención no es menor: se trata de uno de los contratos más altos firmados por el Ministerio del Interior durante el actual mandato. En este contexto, la Procuraduría ha reiterado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de dineros públicos, especialmente en tiempos de ajuste fiscal y demandas sociales crecientes.
Cabe resaltar que este no es el primer escándalo que involucra al exministro. Su nombre ya había sido mencionado en otras controversias administrativas, lo cual aumenta la presión sobre las autoridades para llevar a cabo una investigación exhaustiva que determine responsabilidades.
¿Qué implicaciones políticas podría tener este caso?
El escándalo del contrato con RTVC no solo tiene consecuencias jurídicas para Benedetti, sino que también podría tener un efecto político significativo. En un contexto de creciente polarización, la oposición ha aprovechado este caso para cuestionar la integridad del gobierno y exigir mayor control sobre la gestión de los recursos públicos.
El desarrollo de esta investigación podría convertirse en un nuevo frente de debate sobre la ética en la contratación estatal y la necesidad de mecanismos de control más eficientes. La pregunta que ahora se hacen muchos es: ¿estamos ante una irregularidad administrativa o ante un posible caso de corrupción?
Lo cierto es que este episodio reaviva el debate sobre cómo se gestionan los contratos públicos en Colombia, especialmente aquellos relacionados con medios de comunicación y propaganda institucional. Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas por parte de los entes de control.
