Una nueva masacre en Ocaña conmocionó a la comunidad de este municipio de Norte de Santander durante la noche del domingo 18 de mayo. Según reportes preliminares, tres personas fueron asesinadas por sujetos fuertemente armados mientras compartían en una vivienda ubicada en el barrio El Almendros, zona urbana de esta localidad perteneciente a la subregión del Catatumbo.
Las víctimas del ataque fueron identificadas como Juan Carlos Rodríguez, Jesús Andrés Yain Manzano y Sneyder Durán Castro, todos residentes del municipio. De acuerdo con testigos, al menos tres hombres armados llegaron en motocicletas y abrieron fuego indiscriminadamente contra los presentes. Una vez consumado el ataque, huyeron del lugar, generando pánico entre los habitantes del sector.
La comunidad denunció el hecho como otro episodio más de la creciente ola de violencia que golpea a esta región del noreste colombiano, históricamente marcada por la presencia de actores armados ilegales.
Indepaz alerta sobre el deterioro del control territorial
Tras conocerse esta nueva masacre, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) divulgó un análisis basado en una Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, donde se describe el escenario de riesgo que enfrenta el Catatumbo.
Según el documento, la situación se agrava por la escalada violenta del ELN, el reacomodo del EPL tras sus enfrentamientos con el ELN desde 2018, y las pretensiones de expansión territorial de disidencias de las FARC desde el Catatumbo hacia otros municipios de Santander y el sur del Cesar.
El informe también advierte sobre el impacto de estos grupos en la vida cotidiana de las comunidades: “La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.
Este contexto de múltiples actores armados en pugna convierte al Catatumbo en una de las regiones más vulnerables de Colombia, donde las masacres, desplazamientos forzados y amenazas se han convertido en una constante.
El silencio de las autoridades y la zozobra de los habitantes
Hasta el momento, las autoridades locales y departamentales no han emitido un comunicado oficial sobre los responsables del crimen ni sobre acciones concretas para enfrentar este nuevo hecho de violencia. Se espera que en las próximas horas la Gobernación de Norte de Santander y la Fuerza Pública entreguen un reporte con detalles del caso.
Mientras tanto, la población de Ocaña vive nuevamente en medio del miedo y la incertidumbre. La falta de resultados contundentes por parte de las instituciones ha alimentado el escepticismo de la comunidad, que denuncia la ausencia del Estado en una zona históricamente azotada por el conflicto armado y el narcotráfico.
Este ataque eleva la preocupación por el retroceso en las condiciones de seguridad en el Catatumbo, justo en momentos en que el Gobierno nacional insiste en avanzar con su política de “Paz Total”. Sin embargo, la persistencia de estructuras armadas ilegales y la lucha por el control territorial continúan socavando los esfuerzos institucionales.
Para los habitantes del Catatumbo, la masacre de este domingo no solo representa una tragedia humana, sino también un síntoma del fracaso de las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora. La ausencia de garantías efectivas de protección sigue siendo una de las principales exigencias de las comunidades.
