La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El ente acusador también solicitará una medida de aseguramiento ante el Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que existen elementos suficientes para vincular al exfuncionario con el desfalco de recursos públicos.
Delitos imputados y pruebas recopiladas
González Merchán será imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Esta acción hace parte de la segunda fase de la investigación que desde 2024 adelanta la Fiscalía, y en la cual ya se han recolectado pruebas clave sobre el direccionamiento y desvío de contratos y fondos en la UNGRD.
Según fuentes del proceso, los fiscales encargados del caso han solicitado la programación de las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Este avance judicial busca esclarecer la responsabilidad penal del exdirector en una red de presunta corrupción que también involucra a otros funcionarios y congresistas.
Geolocalización y comunicaciones como ejes investigativos
Uno de los puntos centrales en la recolección de pruebas ha sido la geolocalización del celular de González Merchán, especialmente durante fechas críticas como la del 21 de septiembre de 2023, cuando —según declaraciones de Olmedo López y Sandra Ortiz— se habría llevado a cabo una reunión en la Casa de Nariño para acordar el direccionamiento de contratos a favor de congresistas.
Además, los investigadores revisaron comunicaciones directas entre González y Olmedo López, centrándose particularmente en aquellas que mencionaban beneficios para el expresidente del Senado, Iván Name. Estas conversaciones, que forman parte del material probatorio, están siendo evaluadas por su contenido y contexto, ya que podrían confirmar la existencia de un esquema de tráfico de influencias y favorecimientos políticos.
Rastreos financieros y bienes bajo sospecha
La Fiscalía también ha realizado un seguimiento a los movimientos financieros y patrimoniales de González Merchán. A comienzos de 2025, las fiscales Cristina Patiño y Andrea Muñoz ordenaron el rastreo de cuentas bancarias, el análisis de reportes emitidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la verificación de adquisiciones recientes de bienes o metales preciosos.
En este mismo sentido, se indagaron movimientos notariales recientes para determinar si los bienes adquiridos podrían tener conexión con los recursos presuntamente desviados desde la UNGRD. Estos hallazgos buscan establecer un patrón de enriquecimiento ilícito vinculado a su gestión como director del DAPRE.
Legalización de pruebas y apelaciones de la defensa
Con el objetivo de legalizar el material probatorio recolectado, la Fiscalía acudió al Tribunal Superior de Bogotá, instancia que avaló los documentos presentados. Sin embargo, la defensa de González Merchán apeló esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando irregularidades en el proceso de obtención de pruebas.
“Mantenemos nuestra objeción respecto a la ilegalidad de ciertas actuaciones en el proceso”, manifestó la defensa, cuestionando la validez de los informes obtenidos a través de las empresas de telefonía. Según los abogados, los documentos eran ilegibles y carecían de claridad en el procedimiento y la información obtenida.
Un proceso en etapa crítica
Este caso representa una de las investigaciones por corrupción más relevantes del último año, debido al nivel jerárquico de los implicados y la magnitud de los recursos públicos comprometidos. El exdirector del DAPRE, pieza clave del equipo del gobierno nacional, ahora enfrenta la posibilidad de una medida privativa de libertad, mientras las autoridades continúan el proceso penal para esclarecer su rol dentro del entramado de corrupción.
El avance de esta causa refleja los esfuerzos de la Fiscalía por desarticular redes de corrupción institucional, especialmente en entidades encargadas de la gestión de recursos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales.
