Gustavo Petro volvió a levantar alertas en el país tras denunciar públicamente un supuesto complot en su contra. En declaraciones dadas el martes 6 de mayo, el presidente aseguró que dentro del Consejo de Estado existen magistrados de “extrema derecha” que estarían interesados en tumbarlo. Golpe de Estado en Colombia, uribismo y Consejo de Estado son las palabras que ahora alimentan el debate político y judicial en el país.
Petro fue enfático: aunque no está en disputa con el Consejo de Estado como institución, sí alertó sobre la presencia de un bloque ideológico radical que busca desestabilizar su mandato. La controversia se enmarca dentro de una serie de decisiones judiciales que han afectado tanto a su gobierno como a los procedimientos legales que giran en torno a su campaña presidencial.
El presidente señala a la extrema derecha y al uribismo
En sus declaraciones, Gustavo Petro afirmó que «hay magistrados del Consejo de Estado de extrema derecha que quieren que tumben al presidente de Colombia». Estas palabras generan inquietud institucional, especialmente cuando se pone en tela de juicio la imparcialidad de uno de los tribunales más importantes del país.
El presidente fue más allá al decir que el uribismo está detrás del presunto «golpe de Estado». Según su visión, hay una operación orquestada desde sectores políticos que buscan deslegitimarlo utilizando medios judiciales. Aunque no dio nombres específicos, el señalamiento directo genera preocupación sobre el nivel de polarización política que atraviesa a las instituciones judiciales.
Petro dejó claro que no está desobedeciendo al Consejo de Estado. Aseguró que cumple sus sentencias y las respeta, pero advirtió: “Ojo con unos magistrados de extrema derecha que quieren es que tumben al presidente de Colombia y por eso lo censuran, porque se está armando otro complot”.
La Corte Constitucional y el CNE: otro punto de tensión
Uno de los eventos más recientes que enmarcan esta confrontación es la decisión de la Corte Constitucional de suspender una investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llevaba a cabo contra la campaña presidencial de Petro. Según el mandatario, este proceso ya había sido invalidado jurídicamente desde hace dos años, pero se reactivó “por intereses políticos”.
“La Corte Constitucional ya había dicho que el fuero del Presidente es integral y esa sentencia la desobedecieron los magistrados que tomaron a su favor lo que estaba haciendo el CNE a través de los consejeros”, comentó Petro. Esto, en su lectura, sería una violación a la Constitución con fines políticos. Además, recalcó que quienes revivieron dicha investigación tienen vínculos ideológicos con el uribismo.
Con estas declaraciones, se refuerza la tesis del presidente sobre un presunto uso instrumental de la justicia para atacar a su administración. Petro también sostuvo que los intentos anteriores para desprestigiar su campaña fracasaron porque, según él, “mentían y quebraban la Constitución”.
¿Hasta qué punto se está judicializando la política en Colombia?
Lo que se vive actualmente en Colombia pone sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿están las instituciones judiciales siendo utilizadas con fines políticos? Las palabras del presidente Gustavo Petro, así como las decisiones tomadas por la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, sugieren un escenario donde la línea entre la legalidad y la política se difumina peligrosamente.
Las tensiones entre el Ejecutivo y el aparato judicial no son nuevas en el país, pero los señalamientos directos a magistrados por su supuesta ideología política marcan un precedente delicado. La estabilidad institucional puede verse comprometida si estas afirmaciones no son debidamente esclarecidas o si se percibe una pérdida de confianza en los tribunales.
En este contexto, la figura del uribismo resurge como un antagonista clave en el discurso del presidente. La narrativa de Petro indica que hay sectores tradicionales del poder que aún se resisten al cambio político impulsado por su mandato, recurriendo a las vías jurídicas para frenar reformas o generar crisis de gobernabilidad.
¿Qué viene ahora para la relación entre Petro y las cortes?
La denuncia del presidente no solo aviva el debate político, sino que plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre el Ejecutivo y las cortes. ¿Se radicalizará aún más el discurso presidencial? ¿Responderán los magistrados aludidos? ¿Tomará cartas en el asunto la comunidad internacional o los órganos de control?
En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es creciente, las acusaciones sobre intentos de golpe de Estado desde órganos judiciales pueden tener efectos profundos en la percepción pública y en la solidez democrática. Lo que está en juego no es solo la figura de Gustavo Petro, sino el respeto a las reglas del juego democrático.
