Esa es la constante “queja” que con conocimiento de causa o sin él, muchos ciudadanos indignados por el abuso sobre el costo y número de peajes en el país afirman cada vez que pasan por ellos. Y no es para menos. Los peajes son un sistema de recaudo cuyo propósito en teoría es la construcción y mantenimiento de vías, pero en la práctica se desdibuja ante la falta de transparencia sobre la ruta del dinero que pasa por los peajes, el deterioro de las vías y el incumplimiento de obras, mientras el recaudo continúa generando intereses durante años para el sector financiero a través de fiducias.
El sistema de peajes, sea administrado por INVíAS o por la ANI a través de concesiones, tiene todas las características para ser caldo de cultivo de la corrupción: manejo en efectivo, opacidad en la información, empresas tercerizadas (recaudo, cobro electrónico, seguridad, contratación de personal), marco legal desactualizado (La Ley 105 de peajes es de 1993) y leonino (Ley 1508 de 2012 que norma las IP y APP), ausencia de control en distancias y tarifas y sector institucional cooptado por políticos, financiadores de campañas y dueños de concesiones, quienes a su vez tienen empresas fachada relacionadas con la contratación de obras viales.
Todo un andamiaje que en 3 décadas ha blindado al sector de cualquier riesgo de ser auditado con la rigurosidad e independencia que se requiere. Por supuesto que la Contraloría General de la República ha realizado auditorías. Pero ya sabemos que hay congresistas expertos en “controlar” esta entidad. Vamos a ver si la investigación actual en INVíAS, logra destapar algo de la corrupción en el sector vial. Ni la caída del puente Chirajara, ni el escándalo de Odebrecht, ni los incumplimientos de las concesiones, ni las voces ciudadanas que se sienten ahogadas por los peajes, han logrado que el sistema asuma la transparencia en los recursos provenientes de peajes.
Un riesgo de corrupción claro cuando se realizan mapas de riesgo es la dificultad de acceder a la información. Mi experiencia me dice que no hay interés en organizar la información de peajes porque de esa manera se hacen evidentes las inconsistencias. Es increíble que con tanto dinero que se maneja en el Ministerio de Transporte y su sector, no exista una página web que consolide la información de la totalidad de los 180 peajes que existen en el país. La ANI tiene su sistema ANISCOPIO que no permite manejar de manera consolidada la totalidad de peajes concesionados, el INVIAS tiene un mapa deficiente con pésima calidad información y actualmente sólo se encuentran dos archivos en Excel de los años 2021 y 2022, con información incompleta sobre el tráfico y recaudo de sus peajes. ¿Y la Super Intendencia de Transporte? Esta entidad, controlada por el Clan Torres, debe realizar control y vigilancia a los peajes. ¡Vaya busque pues información en su página a ver si la encuentra! Con este panorama y con tanto dinero en efectivo rodando, la ciudadanía tiene razón en desconfiar sobre el destino de esos recursos y en afirmar que ante la falta de control político de los peajes es porque “los peajes deben ser caja registradora de ellos”.
PD/ ¿Por qué las cifras de recaudo de los peajes de Autopistas del Café es diferente al reportado por la ANI?
