El reciente fallo judicial contra Sneyder Pinilla por el caso de corrupción en la UNGRD ha vuelto a poner sobre la mesa la profunda crisis de integridad en las instituciones públicas encargadas de la atención de desastres en Colombia. La condena, dictada por una juez de Bogotá, no solo representa una victoria judicial parcial, sino que plantea serios interrogantes sobre el entramado de favores, contratos amañados y redes clientelistas dentro de entidades clave del Estado.
Pinilla, quien fungía como subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aceptó cargos en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Esto le permitió recibir un beneficio del 45 % de rebaja en su condena, gracias a la información suministrada para el avance de la investigación. Sin embargo, el caso revela que las consecuencias de sus acciones fueron mucho más profundas que una simple omisión administrativa.
Sneyder Pinilla recibe sentencia por direccionamiento de contratos en cinco departamentos
El veredicto de la juez fue claro: cinco años, ocho meses y un día de prisión, acompañados de una multa económica equivalente a 3.550 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la obligación de devolver 618 millones de pesos al Estado.
El juzgado también negó la solicitud de detención domiciliaria, argumentando que el condenado no cumple con los requisitos legales para acceder a este beneficio. La medida busca garantizar que Pinilla cumpla su pena en un centro penitenciario, reforzando el mensaje de que la impunidad no puede ser la norma frente a delitos de esta magnitud.
El direccionamiento irregular de contratos relacionados con obras y maquinaria amarilla se habría realizado entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. Según el expediente, estas acciones se dieron en complicidad con funcionarios de dos ministerios, asesores, un enlace de Presidencia, congresistas y contratistas privados. El entramado refleja una operación meticulosa de corrupción que se expandió a por lo menos cinco departamentos del país.
Nueva denuncia por sobrecostos en contratos con fundaciones
Como si no fuera suficiente, una nueva denuncia ha sido interpuesta contra Sneyder Pinilla ante la Fiscalía. Esta vez, el foco está sobre un contrato firmado con la fundación Pintando Huellas, en el que se habrían inflado los precios de alimentos destinados a víctimas de desastres naturales.
El contrato, con un valor que supera los 5.000 millones de pesos, contemplaba la provisión de refrigerios, almuerzos y servicios logísticos en zonas de calamidad pública. Las irregularidades en la ejecución de estos recursos apuntan a una manipulación deliberada de los valores, aumentando los precios sin justificación técnica o contractual.
Esta segunda acusación agrega una nueva capa de gravedad al caso, pues implica el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad extrema para fines lucrativos. El uso de fundaciones como vehículo para la corrupción institucional se ha vuelto una práctica común en múltiples niveles del aparato estatal colombiano.
¿Qué sigue para la lucha contra la corrupción en la gestión del riesgo?
El caso de Sneyder Pinilla expone, una vez más, cómo los recursos públicos destinados a salvar vidas pueden convertirse en botín de redes corruptas si no existen mecanismos de control eficientes y sanciones ejemplares. La condena representa un avance judicial importante, pero no es suficiente frente a la magnitud del daño causado.
¿Serán suficientes las investigaciones en curso para desarticular por completo esta red de corrupción? ¿O se corre el riesgo de que el caso Pinilla sea solo la punta del iceberg en un sistema que sigue permitiendo la captura del Estado por intereses personales?
