Todos los días el país se ve sacudido por actos de grupos violentos que ciegan vidas inocentes. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, lo advirtió en marzo: «En el Catatumbo pudimos documentar homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores y violencia sexual”. No se trata solo de cifras o declaraciones, sino de miles de familias desplazadas y comunidades enteras atemorizadas, mientras el gobierno anuncia negociaciones con grupos armados pero, en la práctica, ha dejado desprotegida a la población civil.
Cada vez que pregunta algo a Juan Pablo Gallo y Aníbal Gustavo Hoyos Franco sobre sus actuaciones como congresistas, no obtengo respuesta. Ha sido un juez quien ha debido ordenar que contesten. Por eso, desde esta tribuna, les dirijo nuevamente una pregunta legítima y necesaria: ustedes apoyaron la propuesta del presidente Gustavo Petro y votaron sí a la “Paz Total”. ¿Qué explicación le dan a las familias desplazadas o a quienes han perdido seres queridos en esta nueva escalada de violencia?
Este no es un ataque personal ni una acusación sin fundamentos. Es una exigencia de claridad frente a decisiones políticas que, como legisladores, tomaron en nombre del pueblo. La paz no puede construirse sobre el silencio institucional ni sobre pactos con quienes siguen empuñando las armas. Las víctimas merecen algo más que discursos, merecen respuestas.
