El pulso comercial entre Colombia y Estados Unidos suma un nuevo capítulo. Esta vez, el conflicto gira en torno a una nueva norma técnica que el gobierno colombiano pretende aplicar a partir del 2 de mayo, exigiendo que los vehículos importados cumplan con estándares de la ONU, y no con las certificaciones estadounidenses como se venía haciendo. Desde Washington no tardaron en reaccionar.
Ya habíamos visto tensiones por productos agrícolas o farmacéuticos, pero ahora el debate se mueve sobre ruedas. Literalmente. Una carta enviada por el representante comercial de Estados Unidos a la ministra encargada de Comercio, Cielo Rusinque, advierte con tono severo que, de no modificarse la medida, Estados Unidos suspenderá las exportaciones de vehículos a Colombia.
Esta advertencia no es menor. Está en juego un negocio que representa más de 700 millones de dólares al año en exportaciones estadounidenses hacia nuestro país.
Estados Unidos no acepta el cambio hacia las normas ONU
La carta —que se filtró desde el despacho de la Ministra— resalta que imponer nuevos requisitos técnicos sin aceptar las certificaciones estadounidenses viola el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones. Y para el Gobierno norteamericano, esto no es un tema meramente técnico, sino una acción que consideran “una práctica comercial desleal”.
Según el texto, la decisión de Colombia limitaría seriamente el acceso del mercado local a autos modernos, seguros y ambientalmente más eficientes. Más allá del discurso técnico, en Washington hay un temor claro: que otros países tomen este ejemplo y empiecen a cerrar puertas a sus productos con excusas regulatorias.
Colombia, por su parte, asegura que busca simplemente alinear sus requisitos con los estándares internacionales reconocidos por las Naciones Unidas. Un argumento que puede parecer sensato en el papel, pero que tiene implicaciones comerciales profundas.
¿En qué afecta a los colombianos?
Si Estados Unidos cumple con su amenaza, los más afectados serán los consumidores y concesionarios en Colombia. Hablamos de modelos como Ford, Chevrolet, Jeep, Dodge, entre otros, que podrían dejar de llegar al país o llegar a precios mucho más altos.
Además, la incertidumbre golpea directamente a importadores y comercializadores de vehículos, quienes ya han manifestado su preocupación por la falta de claridad del Gobierno colombiano respecto a los plazos y procedimientos de implementación de esta norma.
Esta situación también podría derivar en una reducción de la oferta en el mercado automotor nacional, lo que afectaría no solo a compradores individuales sino también a empresas de logística, transporte y alquiler de vehículos.
El contexto político y económico detrás del conflicto
Este no es un simple desacuerdo técnico. La advertencia de Estados Unidos llega justo cuando el expresidente Donald Trump —en plena campaña y con alta visibilidad mediática— ha anunciado que renegociará acuerdos comerciales con Japón y otros países asiáticos. En ese marco, mostrar una postura firme frente a Colombia puede ser una jugada estratégica de su equipo.
En paralelo, el gobierno colombiano ha insistido en que no se trata de una medida contra ningún país en particular, sino de una actualización técnica para garantizar la seguridad y la eficiencia ambiental de los vehículos que circulan en Colombia.
No obstante, la falta de un canal de diálogo técnico entre los dos gobiernos podría escalar el conflicto y generar consecuencias más graves para otros sectores económicos, como el agrícola, el farmacéutico o incluso el tecnológico.
¿Habrá una salida negociada o se avecina una guerra comercial?
Este es el dilema central del momento. Colombia está en una encrucijada: si cede ante la presión de Washington, pierde parte de su autonomía técnica y regulatoria. Pero si se mantiene firme, podría enfrentar sanciones y un bloqueo comercial significativo en el sector automotor.
Por ahora, la ministra Cielo Rusinque no ha emitido una respuesta oficial a la carta del gobierno estadounidense. Y desde la embajada de Estados Unidos en Bogotá tampoco se han dado mayores declaraciones públicas.
Lo que sí está claro es que este episodio podría marcar un antes y un después en la relación comercial bilateral. ¿Estamos ante el inicio de una guerra comercial encubierta entre Estados Unidos y Colombia? ¿Podrán ambos gobiernos encontrar un punto de equilibrio antes del 2 de mayo?
