Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, vuelve a estar en el centro de la opinión pública luego de que su defensa legal presentara una nueva solicitud para revisar la condena que la mantiene en prisión desde principios de este año. Esta vez, su abogado, Francisco Bernate Ochoa, ha puesto sobre la mesa un argumento jurídico que busca abrir la puerta a una eventual excarcelación, alegando condiciones humanitarias y un posible error en la valoración del fallo.
Desde su detención, el caso de Barrera ha sido objeto de debate tanto en lo jurídico como en lo social, y ahora cobra nueva vida gracias al respaldo de organizaciones civiles que solicitan un trato más compasivo para la influenciadora y empresaria, hoy también madre.
El origen del caso: vandalismo en el paro nacional de 2019
La condena contra Epa Colombia se remonta a su participación en los actos vandálicos durante el paro nacional del 2019, cuando fue grabada destruyendo estaciones de TransMilenio. La Corte Suprema de Justicia ratificó su responsabilidad por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y obstrucción del transporte público.
En enero de 2025, fue capturada y recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá para cumplir una sentencia de cinco años y tres meses. Sin embargo, su defensa sostiene que el tratamiento que se le ha dado al caso ha sido excesivo en comparación con otras decisiones judiciales recientes.
Una nueva estrategia legal y el respaldo de fundaciones
El pasado 9 de abril, el abogado Bernate radicó una solicitud ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, con el objetivo de que se reevalúe la sentencia. Esta solicitud se sustenta, entre otras cosas, en el reciente nacimiento de su hija y en su condición de madre cabeza de hogar.
Como refuerzo a esta petición, la Fundación Faruq Abdala Internacional emitió un concepto favorable a Barrera, argumentando que su situación personal amerita una revisión humanitaria del fallo. Según el escrito, las condiciones de reclusión actuales “no se compadecen con su rol actual de madre” y representan un obstáculo para su reintegración social.
El intento fallido de aplicar la Ley de Utilidad Pública
No es la primera vez que su defensa busca una alternativa para modificar su condena. A finales de marzo, se intentó aplicar la llamada Ley de Utilidad Pública, bajo el argumento de que Barrera cumple con los requisitos para beneficiarse de esta figura jurídica, la cual está pensada para personas en situación de vulnerabilidad o madres cabeza de familia.
Sin embargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, fue tajante al señalar que esa ley no puede aplicarse en este caso. Según explicó, los delitos cometidos por Barrera no están relacionados con una necesidad económica ni corresponden a un contexto de vulnerabilidad extrema, por lo que no califican dentro de los beneficios de esa normativa.
¿Podría reconsiderarse la condena de Epa Colombia?
La justicia ahora debe evaluar si existen méritos suficientes para aceptar la solicitud de revisión. El juzgado aún no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, lo que mantiene a la defensa a la expectativa.
Este nuevo capítulo en el caso de Epa Colombia plantea interrogantes profundos sobre la proporcionalidad de las penas, el papel de la justicia frente a manifestantes, y la capacidad del sistema penitenciario para adaptarse a las realidades humanas y familiares de quienes están privados de la libertad.
Mientras tanto, desde su celda, Daneidy Barrera sigue siendo madre, figura pública y un símbolo para muchos de cómo la justicia puede ser más empática, o más dura, según el caso.
