La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria contra Nelson Lemos Cruz, viceministro de Pueblos Étnicos del Ministerio de la Igualdad, tras las acusaciones de acoso sexual realizadas por Sandra Milena Cobos, funcionaria y experta en asuntos indígenas. La denuncia fue formalizada en una carta de renuncia irrevocable donde Cobos detalló los hechos.
En su misiva, Cobos afirmó haber sido insistentemente abordada por Lemos Cruz, quien le realizó insinuaciones para viajar “solos a territorio”, además de acercamientos físicos e invitaciones fuera del horario laboral. Ante su negativa, aseguró haber sufrido persecución, discriminación profesional y maltratos laborales.
Denuncia pública y reacción institucional
En la carta, Cobos expresó su decepción por la falta de un ambiente laboral acorde con los principios de respeto y equidad promovidos por el Gobierno del Cambio. «Como mujer indígena y servidora pública, me duele ver que, lejos de abrir caminos para la dignificación de nuestros pueblos, su actuar ha sido contrario a los valores de lucha y reivindicación que históricamente hemos defendido», enfatizó en su declaración.
Ante la gravedad de las acusaciones, la Procuraduría tomó la decisión de iniciar una actuación disciplinaria, asegurando que la medida busca garantizar el respeto por los derechos de las mujeres consagrados en la Constitución y erradicar cualquier forma de discriminación y violencia de género.
Reconocimiento de la víctima y siguientes pasos
El Ministerio Público reconoció a Sandra Milena Cobos como víctima dentro del proceso disciplinario, lo que permitirá garantizar su protección y la transparencia en el desarrollo de la investigación.
El caso ha generado una fuerte reacción en distintos sectores, especialmente en comunidades indígenas y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, que han solicitado celeridad en las investigaciones y sanciones ejemplares en caso de confirmarse los hechos denunciados.
Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del funcionario investigado.
