El presupuesto general de la nación (PGN) es una “proyección” de cómo el Gobierno Nacional proyecta gastar los recursos que tiene. La importancia de este presupuesto anual, radica en que gracias a esta herramienta se organizan los ingresos que el Estado prevé recaudar y los gastos que hará en áreas como salud, educación, defensa, transporte e infraestructura, de manera que se cumplan los objetivos que el ejecutivo se ha trazado.
Teniendo en cuenta lo anterior, nada explica el mal manejo que se le ha dado a la confección del Presupuesto General de la Nación 2025. Por un lado, tenga en cuenta que el PGN debe ser aprobado por el Congreso de la República, dentro de un trámite con fechas impuestas por la Constitución y la ley, para que los congresistas distribuyan el tiempo y que, básicamente, no les coja la noche aprobando el presupuesto.
Estas fechas están contenidas en el Decreto 111 de 1996: El 15 de septiembre de cada año se debe aprobar el monto del presupuesto, el 25 de septiembre se debe aprobar el texto del presupuesto en las comisiones económicas conjuntas, y el 20 de octubre se debe aprobar el PGN en su totalidad (art. 348 Constitución Política de Colombia de 1991).
La única fecha importante es la del 20 de octubre, así lo analizó el Observatorio de Agenda Legislativa y Asuntos Electorales de la Universidad Externado de Colombia, por varias razones lógicas que se resumen en:
- Las normas presupuestarias están bajo estricta reserva legal. Es decir, el Congreso de la República tiene el deber de dictar el presupuesto.
- Para respetar el equilibrio de poderes del Estado, el Congreso debe ser quien haga control de las estimaciones de ingresos y gastos del Gobierno Nacional. Es nocivo que el Gobierno se dicte su propio presupuesto, ya que no existe ninguna garantía de que esté siendo objetivo e imparcial en sus proyecciones.
¿Qué sucedió? Bueno, el Congreso de la República no cumplió con ninguna de las fechas y desde el 25 de septiembre los medios de comunicación de alcance nacional anunciaban que el Presupuesto General de la Nación se expediría por decreto, ignorando las consecuencias que esto podría traer.
Sin embargo, el Observatorio de Agenda Legislativa y Asuntos Electorales, se pronunció sobre la necesidad de seguir debatiendo el presupuesto e insistiendo en que la única fecha clave era la del 20 de octubre, después de esa fecha todo quedaba en manos del presidente de la República. Aunque se hizo este llamado e incluso se mandó un derecho de petición animando al Congreso de la República a cumplir su deber imperioso de seguir discutiendo el presupuesto, lo que sucedió fue que después del 25 de septiembre, no se volvió a programar en la agenda del legislativo seguir discutiendo el PGN.
Así las cosas, el Congreso de la República le permitió al gobierno que para marzo de este año era el que peor había ejecutado sus recursos en los últimos 3 mandatos, aprobar un presupuesto lleno de errores. Por un lado, el monto del presupuesto no es de 523 billones como lo propuso el Ministro de Hacienda; en realidad, según las cuentas del propio ministerio es de 499 billones lo cual significa que el déficit anunciado por el gobierno tampoco sería de 12 billones sino de 56.
En cualquier caso, el proyecto de ley de financiamiento con el que el Gobierno buscaba reunir los 12 billones faltantes se terminó cayendo. Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), advierte que el gobierno deberá hacer un recorte de 31 billones en el presupuesto del 2024 y de 39,1 billones para este presupuesto de 2025 y así cumplir con la regla fiscal (La regla fiscal tiene como objetivo evitar un exceso de endeudamiento, eludir excesos de gasto, tener buenas prácticas con el uso de los recursos de la sociedad y ser responsable con los recaudos).
Todo esto permite concluir que el accidentado trámite del PGN 2025 no solo ha generado un nocivo precedente para la aprobación de próximos presupuestos vía decreto. También plantea muchas dudas sobre la capacidad real de gestión y ejecución del presupuesto de este nuevo año y de sus ingresos por parte del Gobierno Nacional.
Fruto del archivo del proyecto de ley de financiamiento, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0069 de 2025, en el que anunciaba el aplazamiento de apropiaciones presupuestales. Decisión que afectará las futuras vigencias de proyectos claves de infraestructura nacional y territorial. Entre ellos están el Regiotram de Occidente, la Línea 1 del Metro de Bogotá; Metro Ligero de la Calle 80 de Medellín; Sistemas de transporte público de Neiva, Popayán, Armenia e Ibagué.
- Aquí adjunto links de medios de comunicación dando por hecho el PGN vía decreto: https://razonpublica.com/la-incertidumbre-del-presupuesto-general-la-nacion-2025/
4. Así lo demostró la senadora del Partido verde Angelica Lozano:
