El activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debido al uso reiterado de la bandera del M-19 en eventos públicos organizados por el Gobierno. La denuncia, que acusa al mandatario de apología al delito e incitación al odio, ha avivado el debate sobre el significado y uso de los símbolos históricos del país.
Fiesco argumenta que la exhibición de la bandera del desaparecido grupo insurgente resulta ofensiva para las víctimas de sus acciones y vulnera el respeto que, según él, deben garantizar los actos oficiales hacia quienes sufrieron a causa del conflicto armado. La controversia no es nueva, pero esta acción legal eleva la discusión a un plano institucional, exigiendo una respuesta formal.
Los argumentos detrás de la denuncia
Josías Fiesco, un reconocido opositor al Gobierno Petro, justificó su denuncia con un fuerte pronunciamiento en el que criticó la insistencia del Ejecutivo en «maquillar las atrocidades» cometidas por el M-19. Según Fiesco, la bandera, al ser ondeada en 17 eventos públicos, revive el dolor de las víctimas y legitima las acciones de un grupo que en su momento fue responsable de asesinatos, secuestros y violaciones a los derechos humanos.
“El M-19 fue un grupo criminal y van 17 eventos donde Gustavo Petro ordena ondear la bandera de ese grupo, que solo asesinó y secuestró colombianos. Es una vergüenza que el gobierno, en los eventos pagos con impuestos de los colombianos, esté empeñado en maquillar las atrocidades, sus autores y revictimizar a aquellos que perdieron sus seres queridos”, señaló Fiesco con contundencia.
El activista también destacó que los actos oficiales, financiados con recursos públicos, deben ser escenarios de neutralidad y respeto. En su opinión, la exhibición de símbolos asociados a grupos armados es “inaceptable” y profundiza la división entre los colombianos.
Esta no es la primera vez que Fiesco lleva al presidente Petro ante las instancias judiciales. Hace poco, logró que el Consejo de Estado ordenara al mandatario retractarse luego de haber llamado “asesinos” a quienes coreaban “fuera Petro” durante eventos deportivos. Dicho precedente demuestra que el activista tiene experiencia en acciones legales que generan debate nacional.
La bandera del M-19: ¿símbolo de reconciliación o afrenta?
La polémica por el uso de la bandera del M-19 refleja un debate profundo en la sociedad colombiana sobre la memoria histórica y los símbolos que han marcado el proceso de reconciliación nacional. Mientras algunos sectores consideran que esta bandera simboliza la transición hacia la paz y la desmovilización del grupo insurgente, otros la perciben como una ofensa a las víctimas y una exaltación de la violencia.
El Movimiento 19 de abril (M-19) fue una guerrilla urbana que operó en Colombia desde la década de 1970 hasta su desmovilización en 1990. Aunque su proceso de paz y reintegración es recordado como uno de los hitos en la historia del país, sus acciones armadas, como la toma del Palacio de Justicia en 1985, dejaron un legado de dolor y controversia.
El presidente Gustavo Petro, quien hizo parte del M-19 en su juventud, ha defendido públicamente la desmovilización del grupo como un ejemplo de reconciliación. Para Petro, la bandera representa el cierre de un ciclo violento y la apertura a un proceso democrático en el que antiguos actores del conflicto pudieron reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, esta interpretación no es compartida por todos.
Las implicaciones políticas de la denuncia
La denuncia presentada por Josías Fiesco no solo pone al presidente Petro bajo escrutinio judicial, sino que también alimenta la confrontación política entre el Gobierno y la oposición. El Centro Democrático, partido al que pertenece Fiesco, ha sido uno de los críticos más férreos de la administración Petro, cuestionando constantemente sus discursos y decisiones.
Al llevar el caso a la Comisión de Acusación, órgano encargado de investigar a los presidentes en ejercicio, Fiesco busca generar un precedente sobre el uso de símbolos históricos en actos oficiales. Si bien la denuncia tiene un carácter simbólico y político, su impacto podría trascender al abrir una discusión más amplia sobre los límites del discurso gubernamental y el manejo de la memoria histórica.
“Esta denuncia busca evitar que los símbolos que dividen al país sigan siendo utilizados en espacios que deberían ser de unión y respeto hacia las víctimas del conflicto”, insistió Fiesco.
La Comisión de Acusación deberá evaluar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra el presidente. Aunque este proceso suele ser lento y pocas veces concluye en sanciones, el hecho de que se presente una denuncia de este tipo refleja el nivel de polarización en el país.
La postura del Gobierno y la defensa de la memoria
Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha emitido declaraciones oficiales sobre la denuncia. Sin embargo, su posición respecto al M-19 es conocida: Petro ha reivindicado su historia en el grupo insurgente como parte del proceso de construcción de la paz en Colombia. Para el mandatario, reconocer la desmovilización del M-19 es fundamental para comprender los avances del país en la superación del conflicto armado.
El uso de símbolos históricos, como la bandera del M-19, forma parte de una narrativa gubernamental que busca resaltar la importancia de los acuerdos de paz y la transformación de actores armados en actores políticos. No obstante, esta narrativa choca con el dolor de las víctimas, quienes aún esperan justicia y reparación.
¿Unidad o división? El futuro del debate histórico en Colombia
La denuncia de Josías Fiesco no solo plantea un desafío legal para el presidente Petro, sino también una discusión social sobre cómo Colombia debe recordar su historia. ¿Deben los símbolos de grupos desmovilizados ser reivindicados como parte del proceso de reconciliación, o su exhibición perpetúa el dolor de las víctimas?
Mientras la Comisión de Acusación avanza en la evaluación del caso, el país se enfrenta nuevamente a las tensiones entre memoria y olvido, entre reconciliación y justicia. Este debate no solo atañe al Gobierno actual, sino a toda la sociedad colombiana, que sigue buscando la mejor forma de sanar las heridas del pasado sin olvidar las lecciones que este dejó.
