¿Los ciudadanos de la región cafetera podemos conocer cómo se administra la pauta de medios de Autopistas del Café en un momento en el que se está defininiendo la nueva concesión vial? No. Al ser una empresa privada, la información es confindecial a pesar que administran recursos que son aportados por todos los ciudadanos a través de PEAJES. Es más fácil que los ciudadanos que quieran conocer esta relación sean bloqueados, criticados, descalificados y denunciados a obtener esa relación empresa – medios de comunicación.
En el ámbito anticorrupción, amenazar con denuncias ante la fiscalía es una práctica común conocidas como “lowfare” y busca evitar opiniones o incómodas en contra de poderosos emporios privados con evidentes problemas de transparencia y relación con medios de comunicación. Las relaciones entre grupos de poder regional, políticos y medios no son un secreto y la pauta aunque legal, es una práctica que puede afectar el interés colectivo.
Además de la pauta, también es importante conocer quiénes son los dueños de los medios. Por ejemplo, el reciente artículo en el Tiempo, donde se plantea que las manifestaciones en contra del abuso de los peajes son de tinte “político”, desvía la atención del debate y desconoce la voz de las comunidades afectadas por los mismos. Varios peajes mencionados en el articulo son además parte de las concesiones viales del dueño del periódico. Esperar un enfoque que aborde el abuso de peajes sería ingenuo. El problema es que los ciudadanos que desconocen ese entramado de poder, terminan no dando importancia al problema y se concentran en repetir y descalificar a las personas que generan las manifestaciones. Que sean políticos o no los que alzan la voz debería ser lo de menos. Al final, a nadie se obliga a votar por uno o por otro. !Y los peajes ahí!
La falta de regulación y transparencia en el lobby a traves de medios de comunicación puede llevar a la adopción de políticas que benefician a unos pocos a expensas del interés público. Es crucial implementar mecanismos de control que aseguren que estas actividades se realicen de manera ética y transparente. La relación entre los lobistas y los medios de comunicación locales y nacionales es una práctica común y la necesidad de regurlarla es prioritaria, si se quiere avanzar en prácticas de integrid pública y empresarial.
En 2021, la OCDE emitió una resolución que urge a sus miembros a adoptar medidas que promuevan la transparencia y la integridad en el lobby. Esta resolución enfatiza la necesidad de registros públicos de actividades de lobby, así como la implementación de códigos de conducta para los lobistas. El lobby empresarial puede ser una herramienta legítima de influencia en las democracias modernas, pero su potencial para el abuso hace esencial su regulación. Al final, el objetivo es asegurar que las políticas públicas beneficien a la sociedad en su conjunto y no solo a unos pocos intereses privados.
