El representante a la Cámara David Racero ha sido señalado de estar implicado en un grave escándalo relacionado con la exigencia de parte del sueldo de una mujer que formaba parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). El caso salió a la luz tras la filtración de una serie de mensajes de WhatsApp en los que se sugiere que Racero habría pedido una porción del salario a una de sus asesoras. Este suceso ha generado un fuerte revuelo en la opinión pública y ha llevado a la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, a anunciar la apertura de una indagación preliminar contra el congresista.
El ente disciplinario busca verificar si los hechos denunciados son constitutivos de falta disciplinaria y determinar la responsabilidad del congresista en este caso. Además, se ha revelado otro episodio que involucra a Racero, quien habría asignado a uno de sus colaboradores de la UTL la tarea de atender un fruver (frutería y verdurería), lo que aumenta las sospechas sobre la gestión del representante.
El inicio del escándalo
El escándalo estalló durante el fin de semana, cuando medios de comunicación publicaron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre David Racero y una de sus excolaboradoras, Estefanía Montoya, quien formaba parte de su equipo de trabajo en 2019. En los mensajes, se señala que Racero le habría pedido a Montoya pagarle $3.500.000 a otro asesor de la UTL, Yidis Gahona, de su salario de $8.158.000. Estas acusaciones sugieren que Montoya estaría siendo obligada a entregar parte de su sueldo para cubrir otros gastos, una práctica ilegal y antiética que pone en riesgo la reputación del congresista.
Por su parte, Racero ha intentado desviar las acusaciones explicando que los mensajes filtrados reflejan transacciones personales y préstamos de dinero entre él y Montoya. Sin embargo, la falta de coherencia en sus explicaciones y las cifras involucradas dejan abierta la posibilidad de que efectivamente se le haya pedido a Montoya ceder parte de su salario, lo que podría constituir una grave falta disciplinaria.
Investigación de la Procuraduría General
Ante la gravedad de las acusaciones, la procuradora Margarita Cabello anunció de inmediato la apertura de una indagación preliminar a través de la Sala Disciplinaria de Instrucción. Según las declaraciones oficiales, el objetivo de esta etapa procesal es verificar la veracidad de los hechos denunciados y determinar si Racero actuó de manera indebida. La procuradora destacó que se solicitarán pruebas para definir si los hechos denunciados son constitutivos de falta disciplinaria y si el representante actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Este tipo de investigaciones suelen ser el primer paso en casos de posible mal manejo de recursos o abuso de poder, ya que permiten al órgano de control recopilar información para determinar si se deben abrir procesos más formales. En este caso, la investigación también podría sentar un precedente importante sobre el manejo ético de los salarios dentro de las UTL, un área que ha estado bajo constante escrutinio en el Congreso colombiano.
Los mensajes y la controversia
El contenido de los mensajes filtrados añade un elemento de tensión al caso. En ellos, Racero parece solicitar a Montoya que entregue una parte considerable de su salario a otro colaborador, lo que ha levantado múltiples preguntas sobre la transparencia de su gestión y el manejo de los recursos destinados a su equipo de trabajo. Aunque el representante ha intentado defenderse argumentando que se trata de acuerdos personales, muchos observadores han señalado que estas explicaciones no se ajustan a las cantidades mencionadas, ni parecen ser prácticas comunes entre empleados y sus superiores en una estructura gubernamental.
La controversia se ha intensificado debido a las crecientes preocupaciones sobre cómo algunos congresistas manejan los recursos asignados a sus unidades de trabajo. Las UTL son clave para el desarrollo legislativo y administrativo del Congreso, y cualquier irregularidad en el manejo de estos equipos puede erosionar la confianza pública en el sistema político.
Repercusiones políticas y lo que sigue
El escándalo en torno a David Racero ha generado reacciones tanto dentro como fuera del Congreso. En el ámbito político, varios sectores han exigido una investigación exhaustiva que no solo esclarezca los hechos, sino que también garantice que se tomen las medidas necesarias para evitar que este tipo de abusos de poder se repitan en el futuro. Al mismo tiempo, el caso pone de relieve la importancia de contar con mecanismos claros y transparentes para la gestión de las UTL y los recursos asignados a los congresistas.
Aún queda por verse cómo avanzará la investigación y si la Procuraduría General determinará que Racero cometió una falta disciplinaria grave. Este proceso también abrirá un debate más amplio sobre la necesidad de mejorar los controles y auditorías sobre el uso de recursos públicos en el Congreso.
