En la madrugada del viernes 6 de septiembre, el Gobierno Nacional y los representantes de los transportadores de carga alcanzaron un acuerdo que puso fin al paro de camioneros que había paralizado varias de las principales vías del país. Tras extensas horas de diálogo y negociaciones, las partes pactaron una serie de medidas que buscan mitigar el impacto de los aumentos en el costo del combustible y mejorar las condiciones para los trabajadores del sector. Este acuerdo, compuesto por 14 puntos claves, fue celebrado tanto por los pequeños camioneros como por las autoridades, quienes destacaron la importancia del diálogo y la construcción de consensos.
El conflicto se centraba principalmente en el aumento del precio del ACPM, combustible esencial para los camiones. Finalmente, se decidió que el aumento sería progresivo, permitiendo una transición menos abrupta para los transportadores. Este incremento será de $800, dividido en dos partes: $400 serán aplicados inmediatamente tras la modificación de la resolución 40350 de 2024, y otros $400 a partir del 1 de diciembre del mismo año.
Medidas acordadas para el alivio del sector
El acuerdo entre el Gobierno y los transportadores no solo abarca el tema del precio del combustible. Entre los 14 puntos que se pactaron, uno de los más relevantes es la suspensión de futuros aumentos en el costo del ACPM hasta que no se logren transformaciones estructurales en el sector. Esto representa un alivio importante para los camioneros, quienes venían manifestando su preocupación ante la posibilidad de nuevos incrementos sin un plan concreto de reforma.
Además, se estableció la creación de mesas técnicas permanentes, cuyo objetivo es evaluar y ajustar las normativas que rigen el transporte de carga. Estos espacios permitirán que todos los actores del sector puedan participar en la toma de decisiones, algo que los transportadores consideraban indispensable para garantizar un diálogo inclusivo y representativo. De igual manera, se acordó incluir a todos los actores del transporte en el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), lo que contribuirá a una mayor transparencia en el control de los costos operativos del transporte de mercancías.
Transformación laboral para los camioneros
Uno de los compromisos más significativos asumidos por el Gobierno en estas negociaciones fue el relacionado con la reforma laboral. El Ministerio de Trabajo se comprometió a incluir un artículo especial en dicha reforma, que tenga en cuenta las necesidades y demandas planteadas por los conductores de servicio público. Este ajuste busca reconocer las particularidades del sector y proporcionar un marco normativo que ofrezca mayor estabilidad y seguridad para los camioneros, quienes a menudo enfrentan condiciones laborales precarias.
Para muchos pequeños propietarios y conductores, este compromiso representa un avance fundamental en su lucha por mejores condiciones de trabajo, lo que podría traducirse en mejoras salariales, acceso a seguridad social y otras garantías que hasta ahora habían sido relegadas.
Reacciones del gobierno y las partes implicadas
El presidente Gustavo Petro no tardó en referirse al acuerdo alcanzado. En una declaración oficial, el mandatario destacó la rapidez con la que se resolvió el conflicto y elogió la postura de los pequeños camioneros, quienes, según Petro, priorizaron su agenda de reivindicación por encima de intereses ajenos. «Les cumpliremos», afirmó el presidente, al tiempo que felicitó a la ciudadanía por su paciencia y a la fuerza pública por actuar con prudencia durante las manifestaciones.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, también destacó el proceso de diálogo que permitió resolver el paro. En sus declaraciones, Camacho subrayó que lo acontecido fue un ejemplo de cómo las movilizaciones sociales pueden resolverse mediante el consenso y el diálogo democrático. Además, el ministro enfatizó que este acuerdo no solo marca un nuevo capítulo para el sector transporte, sino que también puede servir como modelo de transformación para otros sectores del país.
Camacho también resaltó la importancia de este acuerdo para los pequeños propietarios de vehículos, quienes a menudo se ven más afectados por las fluctuaciones en los precios de los combustibles y los altos costos operativos. Con este acuerdo, se abre la puerta a un nuevo modelo de reformas que priorizan a los trabajadores del transporte, reconociendo su papel clave en la economía nacional.
Un futuro incierto pero prometedor
Aunque el acuerdo ha sido celebrado por las partes implicadas, queda por verse cómo se implementarán las medidas a lo largo de los próximos meses. La suspensión de futuros incrementos en el costo del ACPM y la inclusión de un artículo especial en la reforma laboral representan avances significativos, pero su ejecución efectiva será clave para garantizar la estabilidad en el sector.
La pregunta que muchos se hacen ahora es si este acuerdo marcará el inicio de un cambio profundo y duradero en el sector del transporte en Colombia. Con las mesas técnicas en marcha y el compromiso del Gobierno de llevar a cabo reformas estructurales, hay esperanza de que los camioneros y el Estado puedan seguir trabajando juntos para enfrentar los desafíos futuros. Sin embargo, solo el tiempo dirá si este pacto será suficiente para evitar nuevos conflictos en el sector.
