Isabella Piraza, una bebé indígena de 16 meses, falleció en la vereda San Cristóbal, Chocó, el pasado 15 de agosto de 2024. Su muerte se atribuye a la falta de atención médica, un problema que se agudizó por el paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual mantiene bajo confinamiento a las comunidades de la región, limitando el acceso a servicios esenciales como la salud.
El impacto del paro armado en el Chocó
El paro armado del ELN, que ha dejado a miles de personas atrapadas en sus propias comunidades, impidió que la familia de Isabella pudiera trasladarla a un centro de salud para recibir tratamiento urgente por problemas respiratorios. Según testigos y líderes locales, la situación de la niña era crítica, pero las amenazas de los grupos armados y el miedo a represalias obligaron a la familia a permanecer en la vereda, sin opciones de asistencia médica.
Este caso ha destapado la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Chocó, que históricamente han sufrido el abandono estatal y la violencia.«El conflicto armado sigue cobrando vidas inocentes en zonas olvidadas por el Estado», señaló un líder comunitario, denunciando la falta de presencia gubernamental en la región.
Reacción del Gobierno Petro
El presidente Gustavo Petro se pronunció inmediatamente tras conocerse la noticia, calificando la situación como inaceptable. «Este hecho no puede ni debe repetirse», afirmó en su declaración pública, subrayando la urgencia de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. Petro instó a las instituciones competentes a redoblar esfuerzos para atender la crisis humanitaria en Chocó y aseguró que se investigará a fondo lo sucedido para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir.
El gobierno también ha señalado que se fortalecerán las acciones para restablecer la paz en la región, aunque la realidad en terreno sigue siendo compleja. La muerte de Isabella pone de manifiesto la urgente necesidad de soluciones integrales y efectivas que prioricen la protección de los más vulnerables en medio del conflicto armado.
