Este martes 16 de julio, la Corte Suprema de Justicia confirmó la recepción de documentos enviados por la Fiscalía General de la Nación, solicitando investigar la posible implicación de nueve congresistas en un caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la dirección de Olmedo López.
La entrega de archivos por parte de la Fiscalía
La Fiscalía ha remitido dos archivos a la Corte Suprema. El primer archivo incluye información relacionada con el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Este archivo ha sido asignado al despacho del magistrado Francisco Farfán para su análisis y posible investigación.
El segundo archivo contiene documentación referente al presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadith Manzur, cuya investigación estará a cargo del magistrado Héctor Alarcón. Este mismo archivo menciona a otros seis congresistas: Julio Elias Chagüi, Karen Astrih Manrique, Liliana Bitar, Julio Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo. Estos nombres se suman a la lista de legisladores bajo escrutinio en el marco de esta investigación.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los hechos relacionados con esta investigación serán inicialmente tratados bajo el mismo expediente a cargo del magistrado Alarcón, debido a la conexidad procesal. Este enfoque se debe a la posible existencia de un fenómeno de corrupción sistémica en la UNGRD, con la participación de altos directivos y funcionarios públicos.
La investigación busca esclarecer la participación de los congresistas en un entramado de corrupción que habría afectado el funcionamiento y la gestión de la UNGRD. Las acusaciones apuntan a una serie de irregularidades y actos corruptos que comprometieron los recursos y la integridad de esta entidad pública encargada de la gestión del riesgo de desastres en el país.
