En mayo al alcalde de Apía Jorge Humberto Arboleda se le cayó su propuesta de entregar el manejo del alumbrado público, pero lo vuelve a intentar esta semana, tratamos de que nos contestara al teléfono, pero no fue posible, acudimos a Jorge Orlando Zapata Franco, secretario de Gobierno que con susto y rabia, no dio razón alguna y nos remitió Héctor Fabio Vergara Hincapié, jurídico del municipio, quien quedó en que esta semana explicaría y encima nos denuncian que en la Alcaldía obligan a los funcionarios a vender bonos de navidad, todo esto merece aclararlo señor alcalde.
¿Alcalde es cierto que cada funcionario debía vender 10 bonos de estos?
La historia de un negocio
El 31 de mayo del presente año el honorable concejo municipal de Apía, Risaralda, aprobó el acuerdo 006 en el cual se daba vía libre al cobro del impuesto de alumbrado publico que se extendió no solo al casco urbano sino también al casco rural, es decir, a una zona donde dicho alumbrado público no existe, 5 de los actuales concejales siempre se han opuesto a este impuesto y más porque, presuntamente, no cumplía con lo ordenado en la ley.
La ley 1819 del año 2016
Conocida como reforma tributaria del gobierno Santos, en la cual se obliga a los municipios a hacer reformas frente a este impuesto de alumbrado público pidiendo al Congreso expedir un decreto reglamentario frente a dicha ley, lo cual solo se vino a expedir el 30 de mayo del año en curso, es decir, dos años después de aprobarse la ley.
¿Qué no se tuvo de acuerdo?
El Concejo aprobó un acuerdo en el cual no tuvo en cuenta el decreto 943 del 30 de mayo ni la ley 1819 del año 2016, primer motivo por lo que fue demandado, no conforme con eso delegaron a las Empresas Públicas para que esta fuera quien cobrara el impuesto y posterior a eso para que prestase del servicio, decisión al parecer equivocada del concejo ya que las empresas públicas no son idóneas para tal fin, y esto permitiría que un particular llegara al municipio e hiciera lo que quisiera con la comunidad tal y como ha pasado en otros municipios del país, convirtiéndose este en el segundo motivo.
El acuerdo fue puesto en conocimiento de la Secretaría jurídica del departamento donde se presentaron dichas inquietudes y se solicitó fuera demandado ante el tribunal contencioso administrativo.
El 28 de septiembre salió sentencia declarando la invalidez del acuerdo y dejándolo sin efectos jurídicos
Aunque así sucedió, la administración de Apía vuelve y presenta el acuerdo en las pasadas sesiones del mes de noviembre, siendo aprobado en primer debate por la comisión correspondiente y quedando atentos para ser convocados a sesiones extraordinarias.
¿Qué dice José Geniver Corrales Galeano abogado que demandó y ganó?
«Téngase en cuenta varios factores, primero, la sentencia aduce que este proyecto de acuerdo deberá ser basado en el esquema de ordenamiento territorial, en Apía el esquema de ordenamiento territorial es obsoleto toda vez que no se han hecho las modificaciones y estudios que se deben hacer a corto, mediano y largo plazo, segundo, aquí ya no se está delegando a las Empresas Públicas del municipio para que esta cobre o preste el servicio, pero se sabe que el «as» del alcalde es que lo haga por decreto, esto no lo conoce la comunidad, un tercero entraría a manejar el servicio y el recurso.
Finalmente el concejo de Apía no se ajusta a su reglamento interno y en razón a eso no votan en bancada tal como lo ordena la ley 617 del 2000 y su propio reglamento, que adoptó la ley de bancadas dejando sin efectos jurídicos sus actos y seguidamente no se ajusta a lo contemplado en el artículo 73 de la ley 136 de 1994, cuantas veces la administración presente dicho acuerdo y se note con ello la mano de un tercero y que se pueda denotar que va en contravía de la ley misma, este togado del derecho JOSÉ GENIVER CORRALES GALEANO estaré atento para demandar».
Reflexión
Lo que no entiendo es ¿cómo le cobran a Veredas que no les llega el alumbrado público?
El negocio es sencillo, primero le entregan a las Empresas Públicas el manejo del alumbrado, en menos de un año, se ven obligadas a subcontratar a un tercero y nadie controla, segundo, este tipo de negocios no es por un año o dos, hablamos de 30 años y tercero, Alcalde, busque consenso, no imponga.
¿Y es verdad que funcionario que no los venda debe pagarlos?
Alcalde Jorge Humberto Arboleda, ¿por qué razón cada funcionario debía vender 10 bonos para esta navidad?
