En las próximas horas, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso recobrará su libertad tras conocerse que la boleta de libertad ha llegado al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la dirección de la cárcel La Picota, donde ha estado recluido desde su regreso al país. Esta decisión llega luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá revocara 57 medidas de aseguramiento en su contra y solicitara su liberación.
El proceso para su liberación, según el abogado de Mancuso, Nelson Menjura, implica una verificación de las medidas de aseguramiento que figuran en el Inpec, un trámite administrativo que se espera se complete entre el viernes y el sábado. Además, se ha asignado un esquema de seguridad para su desplazamiento, ya que se radicará en Medellín. Sin embargo, se ha establecido que Mancuso no podrá portar armas ni salir del país, y se le ha ordenado mantenerse alejado de los territorios donde ejerció mayor poderío criminal, específicamente la región Caribe.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha reclamado competencias para llevar los procesos del exparamilitar, considerándolo un agente bisagra en el conflicto armado. Sin embargo, la decisión final sobre este asunto está en manos de la Corte Constitucional, mientras que la Sala de Justicia y Paz continúa siendo el juez del exparamilitar, quien regresó a Colombia en febrero después de cumplir una pena de 16 años en Estados Unidos por narcotráfico.
La postura del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en la libertad de Mancuso y lo ha nombrado gestor de paz, ha generado controversia. Incluso, lo invitó a la Casa de Nariño, afirmando que buscará cerrar la historia de la ‘cacería’ contra campesinos. Esta posición ha suscitado opiniones encontradas en la opinión pública, pues mientras algunos consideran que Mancuso puede jugar un papel en la construcción de la paz, otros lo ven como un símbolo de impunidad y revictimización.
