La violencia que azota a las comunidades indígenas del Norte del Cauca ha cobrado nuevamente protagonismo con el trágico asesinato de Carmelina Yule Paví, una líder indígena cuya vida fue segada por integrantes de la subestructura Dagoberto Ramos, del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco.
El pasado fin de semana, Carmelina Yule Paví perdió la vida de manera violenta a manos de insurgentes del EMC, quienes la asesinaron después de que ella acompañara a la Guardia Indígena en el rescate de un menor de su comunidad, reclutado forzosamente por los mismos guerrilleros. Pero la crueldad no terminó ahí; el lunes 18 de marzo, dispararon contra la caravana fúnebre que la honraba, sumiendo a la comunidad en un dolor aún más profundo y exacerbando el manto de impunidad que parece cubrir a los perpetradores de estos crímenes.
La voz de indignación resonó a través de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), denunciando el ataque artero perpetrado por el Frente Dagoberto Ramos. Carmelina Yule Paví, de 52 años, una mujer sabia, con un profundo compromiso con su comunidad y su cultura, ahora se suma a la lista de líderes caídos en la lucha por un futuro más justo y equitativo para su pueblo.
Manuel Méndez, autoridad ancestral del resguardo de Toribío, no dudó en destacar el legado de Yule Paví, enfatizando su incansable labor en la guía de los jóvenes indígenas hacia la recuperación de los valores ancestrales.
La respuesta del Gobierno ante este acto fue la suspensión del cese el fuego bilateral con el grupo armado en cuestión en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
La procuradora colombiana, Margarita Cabello Blanco, ha reiterado el llamado a las autoridades para que lleven a los responsables ante la justicia y refuercen las medidas de protección para las comunidades indígenas, quienes continúan siendo blanco de la violencia y la impunidad.
Pero la amenaza persiste. La suspensión del cese de hostilidades ha puesto en alerta a las Fuerzas Militares ante un posible «plan pistola» de la disidencia de Iván Mordisco, que podría dirigirse contra policías, militares y funcionarios de la Fiscalía en diversas regiones del país.
