Una licitación iniciada en 2016 cuando Romero era gobernador del departamento de Nariño y por valor de $18.000 millones para vender 80 mil botellas de Aguardiente Nariño y que, según la Fiscalía, podría haber sido amañado con el fin de favorecer al oferente Organización de Licores de Nariño SAS que finalmente salió ganador. Una investigación o dos en este caso no es una condena, pero ¿cómo atenderá las audiencias sin descuidar sus deberes en la embajada?
“Una empresa creada en noviembre del 2015 y que apenas tuvo actividad comercial en agosto del 2016, justo cuando ganó el contrato en la gobernación, según investigación de la Fiscalía”.
Mientras Camilo Romero ha afirmado que es una persecución política dirigida por el Fiscal General de la época Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía cuenta con Amalia Milena Amaya Buitrago, implicada en el caso y subsecretaria de rentas de la gobernación en ese momento y encargada de preparar el proyecto, quien se acogió al principio de oportunidad.
También cuenta la Fiscalía con 38 testigos, entre ellos el de Andrés Felipe Arango primo de Romero y quien asegura que el contrato fue adjudicado a dos financiadores de la campaña política de Romero (Richard Giovanni Portillo Díaz socio de OLN licores SAS y posible apoyo en la campaña política de Romero según La Silla Vacía)La apertura del proceso en la Procuraduría el 11 de marzo de 2022, señala que Camilo Romero en ese momento gobernador “no ejerció la debida vigilancia administrativa, de este contrato firmado por su secretario de Hacienda”.
