El pasado viernes, El Expreso, anticipó información sobre la situación que se presenta en la Secretaría de Desarrollo Social de Pereira, la renuncia de la hasta ese día subsecretaria Diana Carolina Sánchez Lema, motivada, al parecer, por la presión que los organismos de control ejercen sobre este despacho y los presuntos implicados en la contratación irregular, respecto a la atención de los adultos mayores de la ciudad.
Contrataron más Centros de Bienestar
Al parecer son cuatro centros más que contrataron desde esta secretaría, y según lo investigado hasta hoy, da como resultado una gran cantidad de irregularidades, los cuales son tema de investigación de la personera Sandra Lorena Cárdenas, del defensor del pueblo Fredy Plaza Mañozca, del director seccional de fiscalías Jorge Mario Trejos y del contralor municipal Alberto Arias Dávila.
¿Esta platica dónde está?
Recordemos que del año 2015 quedaron en bancos más de $7.000 millones de pesos, provenientes del recaudo de la estampilla Pro Adulto mayor destinados para la atención y sobre cuyos destinos hace meses El Expreso pidió a la Contraloría verificaran su uso e inversión.
Preguntas que merecen respuestas claras e inmediatas
-¿Por qué pasó de $800.000 a $1.200.000 lo destinado a la atención de cada anciano?
-¿Qué motivó el allanamiento a ese despacho el anterior fin de semana?
-¿Es verdad que ante la acción de las autoridades, trataron de cambiar documentos sobre esa contratación?
-¿Es verdad que se llevaron los computadores de esa Secretaría, para evitar que desaparecieran pruebas?
-¿Es verdad que la funcionaria Diana Carolina, que renunció, ya había advertido sobre las presuntas irregularidades al interior de esos contratos?
-¿Es verdad que ya hay señalamientos de funcionarios de ese despacho, sobre personas vinculadas al Concejo de Pereira?
-¿Por qué despidieron personal de planta que llevaba el proceso de seguridad y control de esa línea de atención a los adultos mayores? ¿Sería para poder hacer lo que, al parecer, están investigando los entes de control?
-¿Es verdad que contrataron con ONG’s fundaciones de papel, cuando venían otras fundaciones haciendo esa labor durante años?
-¿Qué relación y beneficio tienen con estas presuntas irregularidades algunas personas vinculadas al Concejo de Pereira?
-¿Quién o quiénes están tras los representantes legales de esas fundaciones y/o ONG’s?
-¿Es verdad que las otras tres ONG’s al igual que la ubicada en la calle 15 con carrera 4ª, no cuentan con las instalaciones adecuadas, personal de psicólogos, médicos, geriatras, terapistas y trabajadores sociales para el acompañamiento psicosocial a los ancianos?
-¿Es verdad que a esta ONG de la calle 15 le pagan mensualmente por la atención de 66 ancianos, pero en realidad solo atienden 8, no hay actividades lúdicas, no hay médicos, mal trato por parte del personal, mala alimentación y que esas anomalías se presentan en las otras tres ONG’s contratadas por esta Secretaría?
-¿Cuántos funcionarios son presuntamente responsables? La subsecretaria Diana Carolina Sánchez Lema, la abogada Sandra Restrepo, el ex secretario de Desarrollo John Jairo Lemus Mosquera y su jefe político, ¿o cuántos más?
-¿La Fundación Vivir Sirviendo, qué nexos tiene con un funcionario del Concejo de Pereira?
-¿Cuántas irregularidades detectaron las IAS (Contraloría, Fiscalía y Defensoría) en alojamiento, vestuarios, salud y acompañamiento a los ancianos?
-Para los ancianos que se encuentran en condiciones de abandono se cuenta con 10 convenios, donde en cada uno hay 35 cupos en los centros de bienestar del adulto mayor, si es así ¿no deberían las entidades de control inspeccionar a fondo realmente a dónde van a para esos recursos?
Actualmente 10.398 adultos mayores reciben una mesada de $150 mil que se entregan bimensualmente, ¿por qué no revisan si se cumple realmente la misión?
En los registros de Adultos mayores del año 2014 se encontraron en la base de datos personas, cuyo rango de edades no corresponden a lo que de acuerdo con la Ley deben ser catalogados como adultos mayores (registros de personas menores de 55 años) ¿Qué ocurrió entonces, se controló o sigue igual?
Denunciamos que de la anterior administración hallamos muchas fundaciones y ONG’s que contrataban desde una aguja hasta un puente, conciertos, venta de alarmas, materiales para la administración, publicidad, actos religiosos, asesorías para nombrar gerentes, asesorías millonarias para estudiantes (pero en diciembre cuando están de vacaciones), contratos multimillonarios en cada secretaría e institutos descentralizados y de la Alcaldía, a pesar de evidentes anomalías, parece que seguimos con los mismos vicios, los mismos contratistas y no pasa nada.
¿Cuándo darán explicaciones?
En la mañana del domingo, debido a la gravedad de esta situación tratamos de obtener infructuosamente contacto con:
Juan Alejandro de la Cruz Méndez – concejal Partido Conservador
Reconocido Jefe político de la Secretaría de Desarrollo Social y Político de Pereira, en el Concejo se comenta y en toda la ciudad se sabe que, dentro de los pactos y compromisos políticos en el gabinete de la Alcaldía de Pereira, esta Secretaría fue entregada a este concejal, quién según denuncias recibidas, es al parecer, quien quita y pone en la misma. Señor Concejal, los pereiranos esperamos explicaciones al respecto.
John Jairo Lemus Mosquera – exsecretario de Desarrollo Social
Vía WhatsApp nos contesto que cuando regresara a la ciudad estaría dispuesto a informar sobre los actos de su gestión.
Además con sanción en curso
Efectivamente, la Contraloría Municipal atendiendo la queja Q16-0010-1010-058, el 30 de Agosto de 2016, solicitó información al entonces Secretario de Desarrollo Social de Pereira mediante oficio 1183, para que entregara la base de datos de las Juntas de Acción Comunal de Pereira y no lo hizo.
Luego el 12 de septiembre de 2016, mediante oficio 1253 le solicitan que informen de qué rubro presupuestal se ejecutaron los recursos asignados por esa Secretaría, para el pago de pasajes en la vigencia 2016 a los presidentes de las juntas de Acción Comunal y Comuneros del Municipio de Pereira y tampoco contestó.
El 11 de noviembre le reiteran las dos solicitudes y no contesta, por lo que el 15 de diciembre solicitan le sea adelantado el proceso administrativo sancionatorio fiscal, ante su negativa a estas solicitudes.
INDIGNACIÓN
Una sola palabra identifica el sentir de estos funcionarios, ante lo que parece ser el manejo irregular y descarado de los recursos destinados a los ancianos más necesitados de la ciudad.
Ya la Contraloría halló irregularidades anteriormente en la destinación de los recursos para el adulto mayor. (Ver: Informe de denuncia )
REFLEXIÓN
Queda en las manos de las entidades de control que lleguen al fondo de este asunto y salgan a la luz pública los responsables, se debe investigar, pero también sancionar de manera ejemplar, es vergonzoso que siempre los más débiles también sean presa de los corruptos. El Expreso hará seguimiento, porque el medio somos todos.
