Hace tres años, las marchas que comenzaron como expresión de la insatisfacción ciudadana en contra del gobierno del expresidente Iván Duque terminaron en el denominado estallido social. El vandalismo, los bloqueos a las vías e incluso la quema de peajes que afectaron la economía de la región, fueron la expresión del descontento, entre otros, por una reforma tributaria que afectaría a la clase media, el alto costo de la gasolina y la cantidad de peajes en el Eje Cafetero.
Empresarios, líderes políticos locales y jóvenes líderes de las marchas y de la primera línea realizaron reuniones de concertación para desbloquear las vías que por más de un mes afectaron la movilidad y economía de los municipios. La causa del bloqueo se fue diluyendo y hoy la indignación por esos temas ha sido silenciada. Algunos jóvenes lideres pasaron a ser contratistas de las alcaldías y gobernación, otros pertenecen a las UTL de congresistas que en la época salieron a marchar y otros tantos están callados ante la victoria de su sector político en la presidencia. Los congresistas, aunque hacen reuniones y gestiones en el nivel nacional, poco socializan su posición sobre los peajes ante la ciudadanía.
El problema sigue ahí. La gasolina y el ACPM están hoy más caros y ni que decir de los alimentos. Actualmente el debate sobre los peajes en Risaralda gira en torno a quién lo administrará -concesión o INVÍAS- y no en una revisión del modelo económico que piense en el impacto que tienen en la economía familiar de los habitantes del Eje cafetero. Lejos de plantear reducir el precio o eliminar alguno porque “el modelo financiero no lo permite”, los peajes que hoy administra Autopistas del Café se mantendrán por 30 años más (Así lo plantea el proyecto IP Centro). Por otro lado, las vías del Samán y presuntamente la segunda fase de la avenida Colibris se construirá con los recursos del peaje de cerritos, obra que se proyecta a 4 años, con una administración del peaje por 20 años. Todos los peajes destinarán un poco más 50% de sus recursos a construir también obras del Valle del Cauca. Aunque la Ley determina que un peaje en vía nacional debe invertir sus recursos en las regiones de influencia, ningún peaje del Valle, invierte en el Eje Cafetero. ¿o si? ¿Acaso no es posible revisar la normativa en torno a los peajes? El control sobre tarifas, número de peajes y accesibilidad a la información es un debate necesario en el Congreso de la República.
Es importante además democratizar las reuniones e información sobre el futuro vial de la región. De lo contrario, los proyectos quedarán en manos de los mismos, con los peajes de siempre y con congresistas y gobernador de bolsillo que se destacan por su silencio ante la afectación que causa el pago de peajes entre los municipios y las ciudades capitales del Eje. ¿acaso no se aprendió del descontento en el 2021?
PD ¿Alguien piensa en los dos peajes que deben pagar los habitantes de Quinchía?
