En una reciente decisión, el Consejo de Estado de Colombia rechazó una demanda que buscaba anular el decreto que establece una semana de receso escolar en octubre, medida vigente desde 2007. El demandante argumentaba que este receso generaba conflictos para las familias de escasos recursos, al obligarlas a asumir una semana de vacaciones en períodos donde resulta difícil costear dichos gastos, afectando así los derechos de los niños y creando desigualdades sociales.

Desde su implementación, la semana de receso en octubre ha sido parte integral del calendario escolar colombiano, diseñado por las secretarías de educación municipales y departamentales. Este receso, junto con las vacaciones a mitad de año, constituye un periodo de descanso esperado por estudiantes y docentes. Sin embargo, la reciente demanda argumentaba que el decreto 1373 del 24 de abril de 2007, que introdujo el receso, era inválido por supuesta falta de competencia, falsa motivación y desviación de poder

El demandante basaba su argumentación en una presunta infracción del artículo 13 de la Constitución Política, que garantiza igualdad ante la ley y protección sin discriminación. Según el demandante, la semana de receso obligaba a las familias de bajos ingresos a dejar a sus hijos al cuidado de terceros, generando así «conflictos sociales» y afectando negativamente a estos menores. Además, acusaba al Estado de explotar a los niños con fines turísticos, vulnerando sus derechos fundamentales estipulados en el artículo 44 de la Constitución.

No obstante, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado no encontró evidencia de que la semana de receso escolar estuviera destinada a fomentar el turismo. Argumentaron que este periodo es utilizado de diversas maneras por las familias, desde vacacionar hasta simplemente descansar o compartir en familia, sin imponer ninguna carga específica ni discriminatoria sobre los hogares de escasos recursos.

El Consejo de Estado calificó las afirmaciones del demandante como «subjetivas» y sin respaldo suficiente, concluyendo que la medida no genera desigualdad ni discrimina a ningún grupo social. En consecuencia, se decidió mantener en firme el decreto que establece la semana de receso escolar en octubre, desestimando las pretensiones de la demanda.

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